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La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) solicitó esta semana a la Policía de Investigaciones (PDI) los registros migratorios de 2,8 millones de trabajadores del sector privado que estuvieron con licencia médica activa entre 2024 y mayo de 2025. Esta medida busca detectar posibles fraudes mediante el cruce masivo de información, replicando un modelo que ya se implementó con éxito en el sector público.
Transparencia para proteger a quienes realmente están enfermos
El objetivo principal de esta iniciativa es determinar cuántas personas abandonaron el país mientras contaban con una licencia médica activa. Esta práctica, en caso de no estar debidamente justificada, puede constituir un uso fraudulento del instrumento. “El análisis y cruce de datos que realizará Suceso busca identificar a trabajadores privados que salieron de Chile entre 2024 y mayo de 2025 mientras tenían una licencia médica activa. Esto sin duda es un avance, ya que permite aplicar transparencia y control al uso de las licencias, desincentivando el fraude y protegiendo a quienes realmente están enfermos”, señaló Rodrigo Varela, abogado especializado en el área.
Un impacto económico que puede superar los 800 millones de dólares
La presión que este tipo de fraudes ejerce sobre el sistema de salud ha sido objeto de preocupación durante años. De acuerdo con estimaciones del sector, si se aplicaran controles más estrictos, podrían ahorrarse más de 800 millones de dólares anuales. Estos recursos deberían destinarse a quienes efectivamente requieren apoyo médico, no a quienes abusan del sistema para beneficio personal.
Productividad y confianza pública también en riesgo
Más allá del impacto económico, el uso indebido de licencias médicas afecta directamente la productividad empresarial y la percepción de justicia entre los trabajadores. “El fraude no sólo afecta las finanzas de los sistemas de salud privados y públicos, sino también a los trabajadores honestos. Cuando se sobrecarga el sistema, las personas que sí necesitan apoyo médico enfrentan más trabas, y eso erosiona la confianza”, advirtió Varela.
Hacia una fiscalización con estándares unificados
Expertos han planteado la necesidad de avanzar hacia un estándar único de fiscalización que facilite la colaboración entre el sector público y privado. “Reforzar los controles y sanciones, y unificar criterios, no es castigar a los enfermos: es protegerlos. Y al mismo tiempo, evitar pérdidas millonarias que hoy el sistema no está en condiciones de sostener”, afirmó el abogado.
Una oportunidad para fortalecer la salud laboral
La medida tomada por Suseso abre camino a una política pública más sólida y basada en evidencia. Según datos del sector privado, estrategias preventivas y de control han permitido disminuir el ausentismo laboral hasta en un 55%, presentar querellas contra cientos de médicos y recuperar a más de la mitad de los trabajadores con licencias emitidas por profesionales cuestionados. “El cruce masivo de datos es clave para enfrentar el fenómeno del ausentismo fraudulento, que ha venido creciendo en los últimos años sin una respuesta estructural. Esta medida puede ser transformadora para la salud laboral en Chile”, concluyó Varela.