Hasta la comuna de Coltauco llegó esta semana la diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, para participar de la comisión de Emergencias, Desastres y Bomberos de la Cámara Baja, que por esta vez decidió sesionar en terreno para reunirse con las distintas autoridades locales, entre ellos los alcaldes, seremis y el delegado presidencial de la zona. Lo anterior, con el objetivo de evaluar la respuesta que existió a las graves inundaciones de hace un mes en la región, que dejaron a cerca de 9.900 personas damnificadas y casi 4.200 viviendas dañadas, de las cuales 303 quedaron destruidas.
Si bien la parlamentaria valoró que dicha instancia pudiera sesionar en terreno, también aprovechó la ocasión -y sobre todo la presencia de las autoridades del Gobierno- para insistir en el “grave retraso” que ha sufrido el proceso de instalación de las viviendas de emergencia, en especial en ambas comunas, advirtiendo que recién esta semana, a más de un mes de las inundaciones, comenzó la habilitación de las primeras unidades para las familias más damnificadas.
“Tal como lo hicimos hace dos semanas, cuando logramos traer a la comisión de Agricultura a nuestra región, para conocer las medidas de apoyo que requerían los pequeños y medianos productores afectados por las inundaciones, hoy pudimos contar con la presencia de la comisión de Emergencias, Desastres y Bomberos, donde los diferentes servicios públicos pudieron hacer su propia evaluación de la grave crisis que vivimos hace un mes en nuestra región, que provocó que casi 10 mil personas quedaran damnificadas y que comunas como Coltauco sufrieran la inundación de más de un 70% de su territorio”, manifestó la representante del Distrito 15, quien agregó que la instancia “no sólo nos permite conocer una evaluación actualizada de la crisis, sino que también transmitirle a las autoridades el sentimiento que tienen la mayoría de los vecinos de nuestra región”.
Solicita información
En ese contexto, la diputada Romero pidió detallar la cantidad exacta de viviendas de emergencias que han solicitado los municipios de Doñihue y Coltauco, como también cuántas ya están aprobadas, en qué fecha serán instaladas y cuándo se le informará a los vecinos sobre los plazos comprometidos, asegurando que “uno entiende que existen trámites administrativos que, lamentablemente, deben pasar por el nivel central, pero tener sólo cuatro viviendas levantadas a más de un mes de la emergencia, y sin una proyección oficial, no deja de ser poco alentador para las personas afectadas”.
Pero además, la representante de O’Higgins solicitó a las autoridades del MOP aclarar si se adoptaron las medidas preventivas antes del sistema frontal que provocó el desborde de los ríos.
“La primera alerta se hizo el 19 de junio, por lo tanto es fundamental que desde el Gobierno transparenten si desde ese día hasta que ocurre el desastre se hizo un plan de monitoreo o si se reforzaron las obras en los ríos, y si existe documentación de aquello. Es importante conocer esa información, porque eras las autoridades de la administración central las encargadas de cautelar que no existieran desbordes, considerando que estamos hablando de una zona que constantemente sufre de estos problemas”, advirtió la diputada Romero, quien también solicitó aclarar si las obras realizadas con posterioridad a la emergencia “le permite a los vecinos estar tranquilos y sentirse seguros de que si viene otro temporal como el de junio, no se van a producir nuevos desbordes”.
Aumentar apoyos
Producto de la anterior, la parlamentaria por el Distrito 15 volvió a insistir en aumentar las ayudas y coberturas para las personas damnificadas, como condonar por este año el pago de las contribuciones de todas las propiedades y predios que quedaron inundados, además de incrementar al doble el monto del bono de enseres para que las personas puedan recuperar parte de lo perdido.
“Todos sabemos que $1,5 millones de pesos no alcanzan para que una familia que perdió refrigerador, cocina, lavadora, camas, microondas, televisoras y todos los artefactos domésticos que existen en una casa puedan volver a comprarlos. Por eso le estamos pidiendo al Gobierno que en los casos donde el daño haya sido mayor, el beneficio llegue a los $3 millones”, manifestó Romero.