En la actualidad, la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el país es el sector energético, y más específicamente el transporte, que representa el 25% de las emisiones totales y contribuye significativamente al cambio climático.
“Chile ha buscado revertir esta situación y se ha posicionado en la región como líder en la puesta en marcha y escalamiento de la electromovilidad para lo cual se han implementado iniciativas como la Política Energética Nacional, la que tiene como objetivo sentar las bases para alcanzar la carbono-neutralidad al 2050. Junto con ello, ha destacado la incorporación de buses eléctricos a la flota de transporte público nacional desde 2017, hasta los más de 800 que operan actualmente en el país”, indica Javier Robledo, del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, AC3E de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM).
El experto indica que las proyecciones indican que para el 2035, el 100% de las ventas de vehículos livianos y medianos serán eléctricos. No obstante, hoy sólo el 1% del total del parque automotriz está compuesto por vehículos con esta tecnología.
Normativa
Según Robledo, por un lado, se encuentra la normativa y la regulación, las que están asociadas a hacer más eficientes y seguros los procesos de apertura e implementación de puntos de carga para flotas eléctricas, así como para vehículos eléctricos particulares. De igual forma, se hace necesaria la toma de decisiones respecto de la incorporación de nuevos actores al mercado de “comercialización energética” de acuerdo con los nuevos perfiles de consumo eléctrico que se generarán de la mano de la masificación del parque automotriz eléctrico.
Por otra parte, está la infraestructura de carga, ámbito prioritario para dar abasto con los requerimientos de la electromovilidad a nivel nacional. Esto significa asegurar la disponibilidad y continuidad operativa de puntos de carga a lo largo del país, posibilitando incrementar el alcance y soporte de estos en términos de carga, para potenciar su adquisición y uso en regiones.
“A su vez, el análisis y robustecimiento de la red de distribución también es un tema que debe ser abordado, considerando las tendencias de consumo eléctrico que se están dando, y los nuevos perfiles de demanda eléctrica que se proyectan desde la electrificación del transporte”, indica.
En tercer lugar, se tiene al mercado, que, alineado a los puntos anteriores, debe sentar las bases normativas y de regulación para la generación y desarrollo de nuevos actores asociados a la electromovilidad, un soporte necesario para posibilitar su escalamiento en el país.
Finalmente, el capital humano, “que es capaz de dotar al país con las capacidades para el desarrollo, implementación, operación y mantención de dispositivos de electromovilidad. En este punto las universidades y los centros de investigación, como el nuestro en la USM, cumplen un rol clave, pues poseen las capacidades técnicas y de formación de profesionales que impulsan este tipo de cambios”.