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La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, disponiendo la realización de un nuevo juicio oral en contra de Juan Enrique Astorga Opazo y Rodrigo Antonio Herrera Bustamante. Ambos están acusados de cohecho, delito que habría sido cometido en 2019 mediante pagos realizados con fondos de la Corporación Municipal de San Fernando.
Falta de fundamentación en la sentencia
En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada determinó que la sentencia anterior, emitida por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando, carecía de fundamentación suficiente. Según el fallo, el tribunal no analizó adecuadamente el testimonio de la testigo López Ávila ni la relevancia de las negociaciones que habrían evitado la pérdida de derechos colectivos, elementos esenciales para esclarecer el caso.
Valoración incompleta de pruebas
La resolución también señala que la sentencia absolutoria no tomó en cuenta pruebas documentales incorporadas durante el juicio, las cuales habían sido utilizadas en casos similares para condenar a otros involucrados. Esta omisión fue calificada como un defecto en la redacción de la sentencia, ya que el tribunal no explicó por qué descartó dichas pruebas, contraviniendo principios de claridad y lógica establecidos en el Código Procesal Penal.
Motivos para la nulidad
El tribunal de alzada concluyó que la sentencia incumplió el artículo 342 del Código Procesal Penal, que exige una exposición clara y completa de los hechos probados, así como una adecuada valoración de los medios de prueba. La omisión de estos requisitos fundamentales llevó a la invalidez del juicio y de la sentencia dictada en septiembre de 2024.
Resolución y próximos pasos
La Corte ordenó anular la sentencia y el juicio realizado bajo el RIT 66-2024, instruyendo que se celebre un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado. Este proceso buscará garantizar una evaluación exhaustiva y justa de todas las pruebas presentadas.
Con esta decisión, el caso de cohecho que involucra a Astorga Opazo y Herrera Bustamante continuará su curso, ahora bajo un nuevo marco que asegure el cumplimiento de las garantías procesales.