El caso de la señora Marcela Cubillos vuelve a poner en el centro del debate la manera en que se financia la política, especialmente en relación con aquellos políticos que no ocupan cargos de elección popular ni tienen funciones en el aparato público. Resulta notable la elevada remuneración que recibe la señora Cubillos de la Universidad San Sebastián, que supera los 17 millones de pesos brutos. Después de los descuentos previsionales, su sueldo líquido se aproxima a los 12,2 millones. Cabe mencionar que esta cifra es incluso superior a lo que percibió durante su tiempo como ministra de Estado, donde el sueldo bruto actual se sitúa en 9,1 millones brutos.
Es cierto que las remuneraciones en el ámbito público y privado son diferentes. A diferencia de épocas pasadas, donde desempeñar altos cargos públicos se consideraba un acto casi altruista, hoy los sueldos en el sector público son bastante competitivos en comparación con el sector privado. Económicamente, se espera que la base de cualquier remuneración se determine por el valor del aporte que una persona puede hacer a una organización. Por ejemplo, un ejecutivo bancario recibe un salario elevado porque su trabajo contribuye significativamente a los ingresos de la institución.
Sin embargo, en el caso de la señora Cubillos, no está claro que su aporte a la universidad justifique ese nivel de renta. Comparando con el cargo de rector de la Universidad de Chile, cuyo sueldo bruto asciende a 11 millones (cerca de 8,5 millones líquidos), se cuestiona si el trabajo de la señora Cubillos es más relevante o valioso que el de la rectora de una de las principales universidades del país. Un caso similar es el del rector de la Universidad de Santiago, cuyo sueldo bruto es de 13,6 millones, quedando en 10,3 millones líquidos. Estos ejemplos destacan lo desproporcionado de la remuneración de la señora Cubillos, especialmente cuando quienes trabajan en la universidad señalan que sus labores no eran a tiempo completo.
El argumento que esgrime Cubillos para justificar su alto sueldo es que, al tratarse del sector privado, no debería cuestionarse la remuneración. Sin embargo, hay un detalle que parece olvidar: la Universidad San Sebastián recibe fondos públicos a través de la gratuidad, una política de la que ella fue una férrea opositora. Esta contradicción no es nueva; como diputada, se opuso a la ley de divorcio en 2004, para luego beneficiarse de ella en su propio proceso de separación.
Desde el punto de vista académico, su idoneidad para el cargo también es cuestionable. Normalmente, para pertenecer a una universidad se requieren estudios de postgrado, y para un cargo de planta, un doctorado, cualificaciones que la señora Cubillos no posee. Los docentes a honorarios, que suelen impartir clases de forma temporal, normalmente deben tener al menos un magíster, título que tampoco tiene.
Entonces, ¿qué se puede concluir sobre esta situación? Parece que la universidad está participando en una especie de triangulación para financiar a rostros políticos mientras se encuentran inactivos en el ámbito político, preparándolos para el momento electoral. Actualmente, la señora Cubillos es candidata a la Municipalidad de Las Condes, lo que plantea la necesidad de investigar más a fondo quiénes más están involucrados, sin importar su color político.
Desde la caída de Hermosilla, la Universidad San Sebastián ha estado bajo la lupa por sus vínculos con Andrés Chadwick, presidente de su Junta Directiva. Además, Hugo Lavados, militante de la DC, es el actual rector y ha ocupado ese cargo en múltiples ocasiones. También hay accionistas ligados a la UDI, lo que sugiere que esta es una nueva manera de triangular recursos para financiar la política.
Es fundamental que, a pesar de ser una institución privada, la Universidad San Sebastián, al recibir fondos públicos, esté sujeta a las mismas normas que cualquier universidad pública. No se puede hacer un mal uso de estos recursos. Esperamos que la Superintendencia de Educación realice una investigación exhaustiva sobre esta y todas las universidades que reciben fondos públicos, porque con nuestra plata no se financia la política partidista.
Sebastian Verdugo Veloso
Estudiante de Magister en Finanzas.
Universidad de Chile.