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Con la reciente aprobación de la ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, clave en el Pacto Fiscal, el Servicio de Impuestos Internos (SII) contará con nuevas y robustas atribuciones para enfrentar la evasión, la elusión fiscal y el crimen organizado, así como una mayor capacidad de fiscalización sobre grandes empresas. Esta ley es fundamental para mejorar la recaudación de impuestos, con un impacto estimado de US$1.200 millones, clave para el Presupuesto 2025.
Nuevas estrategias contra la evasión e informalidad
Entre las principales medidas de la ley, se encuentra la eliminación de la exención de US$41 en la compra de bienes importados mediante plataformas digitales, estableciendo un sistema simplificado para el pago de IVA en productos de hasta US$500. Además, se eliminan los aranceles en este rango, facilitando las transacciones.
Los bancos también deberán informar sobre transacciones que involucren más de 50 abonos de distintas personas a un contribuyente en un mes, o 100 abonos en un período de seis meses. Esta medida apunta a fortalecer el control sobre flujos financieros sospechosos.
Asimismo, la ley obliga a la administración pública, gobiernos regionales, municipalidades y plataformas digitales a exigir la iniciación de actividades a los contribuyentes con quienes realicen transacciones. Los proveedores de medios de pago electrónico también deberán verificar esta información.
El SII también incrementará la fiscalización en terreno, con controles específicos, como el de transporte de carga en el peaje Angostura, y medidas para evitar la emisión de facturas a empresas por compras personales en supermercados y restaurantes.
Combate al crimen organizado
La ley introduce mecanismos para facilitar el levantamiento del secreto bancario en casos de delitos tributarios, sin requerir la posición del contribuyente, y acorta los plazos en las investigaciones. También se crea una oficina especializada en Crimen Organizado dentro del SII, con la misión de perseguir a organizaciones delictuales involucradas en evasión fiscal, coordinando acciones con el Ministerio Público y las policías.
La figura del denunciante anónimo también se refuerza, permitiendo que quienes denuncien fraudes por más de 100 UTA (aproximadamente $80 millones) reciban un 10% de las multas recaudadas. Asimismo, se establece la obligatoriedad de identificar a los compradores en transacciones que superen las 135 UF (unos $5 millones), y a los vendedores de artículos usados, para evitar la comercialización de bienes robados.
Mayor fiscalización a grandes empresas
La ley fortalece la capacidad del SII para fiscalizar a grandes empresas, con normas antielusión más ágiles para detectar planificaciones tributarias agresivas. Además, se amplían los criterios de fiscalización a las rentas pasivas generadas por empresas extranjeras, incorporando relaciones familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
Los grupos empresariales podrán ser fiscalizados de manera unificada por cualquier dirección regional del SII, y la ley faculta al organismo para impugnar precios y valores en operaciones entre partes relacionadas en el extranjero.
Finalmente, la ley establece nuevas causales para la fiscalización del IVA exportador y faculta al SII para rechazar la solicitud de término de giro en casos donde no se aporten los detalles solicitados.